Posicionamiento de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), sobre la situación de la Presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
La organización de elecciones en nuestro país está a cargo, directamente, de organismos autónomos cuyas atribuciones les están conferidas desde la Constitución Federal. No obstante, por disposición legal, en la preparación, vigilancia y calificación de los procesos electorales, hay una corresponsabilidad y deber de apoyo de los partidos políticos y autoridades de todos los niveles de gobierno, según su ámbito de competencia.
Lo anterior implica que, dada la trascendencia de la renovación de la representación popular, los gobiernos -que, precisamente emanan de la celebración de elecciones- deben proveer lo necesario a la autonomía de las autoridades en la materia, a fin de que realicen su labor en cumplimiento a los principios constitucionales que brindan certeza y seguridad, así como brindando la mayor protección posible a los derechos político-electorales en juego.
Por ello, las consejeras y consejeros presidentes de los 32 organismos públicos electorales de la República, externamos un enérgico rechazo ante cualquier acción que pueda poner en riesgo el correcto desarrollo del proceso electoral y que vulnere la autonomía de las autoridades electorales locales, como es, desde nuestra perspectiva, lo que acontece actualmente en el Estado de Oaxaca, ante la destitución de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Hacemos un llamado a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno para que, en ejercicio de sus atribuciones y, mediante el apoyo y colaboración institucional, propicien las mejores condiciones a fin de que la autoridad electoral no vea mermada su independencia e imparcialidad, y que el proceso electoral local en la entidad continúe su curso hasta la culminación de manera exitosa.
Igualmente, le expresamos nuestra total solidaridad a Elizabeth Sánchez González, y exhortamos a las autoridades competentes para que los procedimientos legales de los que forme parte se respeten sus derechos y se garantice su seguridad.